En una reacción motivada por los desmanes cometidos durante el sepelio de Carlos Ismael de los Santos (Boyón), muerto el martes en lo que la Policía ha definido como un intercambio de disparos con una patrulla de esa institución, la jefatura de la misma se ha comprometido a asumir el control de los entierros de presuntos delincuentes caídos en acciones similares, con la finalidad de impedir conductas que lleven mal ejemplo al resto de la sociedad.
La decisión es oportuna, siempre y cuando los controles no signifiquen una vulneración de los derechos de las familias en la materia.
En el caso que motiva la decisión de la jefatura policial hubo conductas lamentables, exhibición de armas, consumo de bebidas alcohólicas y, lo que es peor, amenazas contra propietarios de establecimientos comerciales que fueron obligados a cerrar sus negocios al paso del sepelio.
El compromiso de la jefatura policial debe incluir acciones para evitar excesos en las actuaciones de las patrullas, de manera que las circunstancias en que resultan muertos presuntos delincuentes, en alegados intercambios de disparos, queden debidamente esclarecidas.
La sociedad necesita que, sin discriminación alguna, se le ponga freno a todo lo que represente violación de las reglas de coexistencia.
